La prescripción enfermera (establecida con la denominación de indicación) se inició en 2005, con los debates para la elaboración de una nueva ley del medicamento. Desde los diferentes ámbitos de enfermería se han puesto en marcha diferentes campañas de concienciación social y política.

El texto definitivo y publicado en el Boletín Oficial del Estado deroga la ley anterior de 1990. La conocida como ‘ley del medicamento’ permite prescribir medicamentos únicamente a médicos y odontólogos. De tal forma que en 2006 el Consejo General de Enfermería, el máximo órgano que representa a las 274.000 enfermeras españolas pone en marcha una campaña dirigida a instituciones, profesionales sanitarios, políticos y pacientes para difundir los beneficios que reporta la prescripción enfermera.

Todos los grupos parlamentarios del Congreso votaron por unanimidad la admisión a trámite de la proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista para regular la prescripción enfermera.

La Junta de Andalucía dio el visto bueno al texto normativo que reconoce a los enfermeros andaluces la capacidad de prescribir a través de una receta propia. Única comunidad autónoma que cuenta con un decreto propio de prescripción enfermera, aunque Baleares también lo intentó.

Se aprobó la modificación de la “ley del medicamento” que ratificaba la legalidad de la prescripción enfermera. Quedaba el último tramo, el Gobierno debe elaborar un Real Decreto que regule las condiciones en las que los enfermeros podrán prescribir y que es el que se aprobó sin consenso.

Como paso previo a su aprobación definitiva, el Real Decreto que regula las condiciones para la prescripción enfermera recibe el visto bueno del Consejo Interterritorial que reúne a las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad.

El Gobierno del Partido Popular aprobó un texto con cambios sustanciales con respecto al pactado con las organizaciones colegiales de enfermeros y médicos. Un texto diferente al que había recibido el visto bueno del Consejo Interterritorial y del Consejo de Estado.

El Gobierno del Partido Popular aprobó un texto con cambios sustanciales con respecto al pactado con las organizaciones colegiales de enfermeros y médicos. Un texto diferente al que había recibido el visto bueno del Consejo Interterritorial y del Consejo de Estado. Este texto establecía que será necesario que el médico “haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir” por parte del enfermero.

Esta situación impidió expresamente cualquier actuación o decisión enfermera relacionada con estos medicamentos cuando esta no vaya acompañada de una prescripción médica realizada de forma oficial: con carácter individual, nominativa para cada paciente y donde se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de atención”.

Especialmente lesivo para la profesión supuso la utilización del término usar, pues impedía la administración o aplicación de cualquier medicamento sujeto a prescripción médica de forma autónoma por los enfermeros: vacunas, oxitocina en los partos tratados por matronas, curas con antibióticos, poner heparina en las vías, todos los actos con medicamentos realizados en servicios donde no hay médico: ambulancias no medicalizadas, residencias, colegios, centros deportivos, empresas...

Ocho comunidades autónomas presentaron recursos al Real Decreto ante el Tribunal Supremo: Baleares, País Vasco, Extremadura, Cantabria, Canarias, Aragón, Cataluña y Navarra. También presentaron recurso otras entidades, entre ellas, el Consejo General de Enfermería y los sindicatos Satse, CSIF, CC.OO y UGT. Todos ellos pidieron la suspensión cautelar de la aplicación del Real Decreto, pero el Supremo la denegó.

Por su parte, Andalucía presentó recurso de insconsitucional, por invasión de competencias, ante el Tribunal Constitucional. Opción por la que también optó Aragón, tras la denegación de la suspensión cautelar en el Supremo.

Las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades intentaron saltarse la aplicación del Real Decreto de prescripción, especialmente en lo referido a las diveras campañas de vacunación, como la antigripal, emitiendo instrucciones de obligado cumplimiento para sus profesionales. Instrucciones recurridas por el Consejo General de Enfermería y distintos colegios provinciales.

Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Victoria-Gasteiz acordó la suspensión cautelar de la Instrucción número 7/2016, de 2 de mayo, del director general del Servicio Vasco de Salud, por la que se obligaba a los enfermeros vascos a vacunar a la población sin necesidad de una prescripción médica previa. El magistrado recuerda que dicha Instrucción es una mera orden de servicio con la que se pretende que la administración de vacunas no se vea afectada por un ordenamiento jurídico superior como es el caso del Real decreto 954/2015 que regula la prescripción enfermera.

El 12 de julio de 2018, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre el recurso andaluz, estimando en parte sus peticiones, al estimar que el acto administrativo de expedición de la acreditación a las enfermeras prescriptoras es una competencia de las CC.AA. y no del Ministerio de Sanidad, como estaba regulado. Se anulaba ese precepto del Real Decreto, concretamente los arts. 2.2; 3.2 y 8.1; art. 10; los apartados dos y cuatro de la disposición final cuarta; y el Anexo II.

Ya con Dolors Montserrat al frente del Ministerio de Sanidad todos los grupos parlamentos, excepto el PP, coinciden en la necesidad de dar una solución al problema generado por el Real Decreto, sin embargo, discrepan en la forma. El Partido Socialista presentó una Proposición No de Ley en el Congreso (23 de febrero de 2017), que al final no logró el consenso de los grupos parlamentarios. PSOE y Grupo Mixto pedían la derogación del Real Decreto, mientras que Ciudadanos, Unidos Podemos y Esquerra Republicana presentaron una enmienda para solicitar la modificación de la ley del medicamento. El PP se negó a apoyar la propuesta sin acuerdo del foro de las profesiones, que ya se saltaron al modificar el decreto en el último momento.

Con la llegada del Partido Socialista al Gobierno, Carmen Montón se comprometió a publicar “lo antes posible” un nuevo Real Decreto de prescripción enfermera como solución rápida, mientras de forma paralela se trabaja en una nueva modificación de la Ley del Medicamento para que las enfermeras y enfermeros, dentro de su ámbito de competencias, sean incluidos como prescriptores en los mismos términos que el resto de los profesionales.

M.ª Luisa Carcedo heredó el proyecto ya pactado entre médicos y enfermeros y ha seguido adelante con la tramitación del Real Decreto ahora aprobado.