El COECS defiende que los enfermeros atiendan a sus pacientes con normalidad y que el Estado sea el que se encargue de la inmigración ilegal
El presidente Francisco Pareja plantea algunas dudas sobre la aplicación práctica del decreto
El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, Francisco Pareja, ha aconsejado, ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que se puede ver en el siguiente enlace (Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), por el que los inmigrantes ilegales -y otros colectivos afectados- se quedarán sin derecho a la atención sanitaria salvo que paguen 710 euros al año (más de 1.800 euros si son mayores de 65 años) , que 'el 1 de septiembre los enfermeros sigan atendiendo a todas las personas que entren a un centro de salud con total normalidad y sin preguntar por su situación en España, exactamente como se hace actualmente'.'Eso no es impedimento -prosigue el presidente del COECS- para que la administración del Estado y, concretamente, los ministerio de Justicia e Interior, hagan su tarea y se ponga coto a la entrada ilegal de personas en nuestro país porque a nadie se le escapa que la situación actual no nos permite seguir sosteniendo una sanidad en la que se atiende a personas que no han aportado nada a la misma como los turistas sanitarios o los sin papeles”.
“Evidentemente hay un gran problema humano detrás de la inmigración ilegal y éticamente los enfermeros estamos obligados a atender a todas las personas, y así lo haremos ya que no somos policías y no vamos a convertirnos en un sistema de cribado. Esta tarea corresponde a otros, a los Ministerio de Justicia e Interior'.
Por lo que respecta a la posibilidad de declararse en insumisión contra la medida Francisco Pareja es claro, hay que seguir atnediendo a la gente que accede a un centro de salud sin ningún tipo de presión o dicriminación. 'Mi consejo para el día -dice Pareja- es que se siga atendiendo a los ciudadanos con total normalidad porque así lo indica nuestro código deontológico y nos evitaremos que servicios como el de Urgencias se puedan colapsar ante el temor de los inmigrantes a no recibir atención en el resto de unidades”.
Dudas sobre la aplicación del decreto
Otra cuestión que se ha planteado el presidente del COECS es la situación de los pacientes que, estando sin residencia legal en España, cumplen condena en nuestras cárceles y 'de los cuales me pregunto en que situación quedarán en cuanto a su atención santiaria se refiere'.
Otro aspecto a considerar, según Pareja, es la cantidad a pagar por parte de los no asegurados, estimada en cerca de 700 euros anuales según el proyecto del Gobierno. Pareja ha destacado que 'serán pocos los inmigrantes sin papeles que puedan hacer frente a ese pago y además, si pudiesen cubrir ese coste habría que cuestionarse su situación legal en España ya que a partir de ese momento ¿seguirían siendo ilegales?'. Notas de Prensa
