10/07/2026


Antifraude insta a Sanidad a depurar responsabilidades por las denuncias de enfermería sobre presunta mala praxis en Emergencias

Antifraude insta a Sanidad a depurar responsabilidades por las denuncias de enfermería sobre presunta mala praxis en Emergencias

El informe revela que ninguno de los tres médicos denunciados en los casos investigados continúa en el mismo puesto del SAMU donde ocurrieron los hechos.

Una de las principales recomendaciones de la resolución consiste en que la Conselleria de Sanidad "valore la eventual exigencia de responsabilidad individual concreta respecto de la actuación de los funcionarios o responsables intervinientes en la tramitación de las denuncias".

Las denuncias de cuatro enfermeras destaparon una investigación que evidenció graves deficiencias administrativas y obligó a Antifraude a exigir cambios en el sistema de control de Emergencias.

    La investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) sobre las denuncias de cuatro enfermeras del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-SAMU) no solo cuestiona la forma en que la Conselleria de Sanidad investigó varios casos de presunta mala praxis médica, sino que da un paso más y reclama que se estudie la posible exigencia de responsabilidades individuales a quienes tramitaron unos expedientes que, según el organismo fiscalizador, presentaron importantes deficiencias. Tras denunciar una investigación administrativa insuficiente y detectar indicios de una desconexión prematura de un desfibrilador sin consenso de todo el equipo médico, la Agencia considera que corresponde analizar si existieron responsabilidades concretas en la gestión de estas denuncias.

    Las actuaciones tuvieron su origen en las alertas formuladas por cuatro enfermeras del SAMU que denunciaron actuaciones médicas que consideraban de extrema gravedad durante asistencias a pacientes en estado crítico, algunos de ellos con el resultado de fallecimiento. Ante el archivo de las denuncias y la falta de una investigación que respondiera a las cuestiones planteadas, las profesionales trasladaron la documentación al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV), que llevó el caso ante la Agencia Valenciana Antifraude.

    Después de analizar el expediente, la AVAF concluye que la Administración sanitaria no agotó todos los medios a su alcance para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y que la tramitación realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios estuvo marcada por importantes déficits de documentación, motivación, trazabilidad y atención a los denunciantes. A juicio de la Agencia, estas carencias resultan especialmente graves por tratarse de actuaciones sanitarias desarrolladas en servicios de urgencias y emergencias.

    Por ello, una de las principales recomendaciones de la resolución consiste en que la Conselleria de Sanidad "valore la eventual exigencia de responsabilidad individual concreta respecto de la actuación de los funcionarios o responsables intervinientes en la tramitación de las denuncias". La Agencia no atribuye directamente responsabilidades disciplinarias a ninguna persona, pero considera que las deficiencias detectadas justifican que la propia Administración examine la actuación de quienes dirigieron y resolvieron estos expedientes.

    La recomendación supone uno de los pronunciamientos más contundentes del informe. No se limita a proponer mejoras organizativas para el futuro, sino que plantea revisar la actuación concreta de los responsables administrativos que archivaron las denuncias sin agotar todas las posibilidades de investigación que ofrecía el ordenamiento jurídico y sanitario.

    La resolución incorpora además otro dato especialmente significativo. La AVAF destaca expresamente que ninguno de los tres médicos denunciados en los casos investigados correspondientes a los años 2020 y 2021 continúa ocupando en la actualidad el mismo puesto asistencial que desempeñaba en el Servicio de Emergencias Sanitarias cuando ocurrieron los hechos objeto de denuncia. El informe recoge este extremo como un elemento relevante del contexto de los expedientes analizados, sin establecer que dichos cambios de destino respondan a los hechos investigados.

    La Agencia no extrae consecuencias disciplinarias de esa circunstancia ni la relaciona causalmente con las denuncias formuladas por las enfermeras, pero considera suficientemente relevante dejar constancia de que los tres facultativos ya no desarrollan sus funciones en los mismos destinos desde los que se produjeron las actuaciones denunciadas.

    Estas conclusiones llegan después de que la propia AVAF detectara durante la investigación uno de los episodios más sensibles del expediente: la existencia de indicios de una desconexión prematura de un desfibrilador sin que quedaran acreditadas razones que la justificaran y sin el consentimiento de todo el equipo sanitario interviniente. Ese hallazgo llevó incluso a la Agencia a solicitar un informe técnico adicional al considerar insuficiente la investigación realizada hasta ese momento por la Administración sanitaria.

    Lejos de dar el caso por cerrado, la resolución insiste en la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y de implantar un protocolo específico que garantice que las denuncias sobre posibles actuaciones irregulares en los servicios de urgencias y emergencias sean investigadas con el máximo rigor, transparencia y respaldo documental. Para la Agencia, la gravedad de los hechos denunciados exigía una respuesta administrativa mucho más exhaustiva de la que finalmente recibieron las profesionales que dieron la voz de alarma.

    Con esta tercera resolución sobre el caso, la Agencia Valenciana Antifraude consolida una conclusión que atraviesa todo el expediente: las denuncias presentadas por las enfermeras del SAMU no fueron investigadas con la profundidad que requerían unos hechos que afectaban directamente a la asistencia de pacientes en situaciones de riesgo vital. Por ese motivo, la AVAF no solo reclama cambios estructurales para evitar que se repitan estas situaciones, sino que insta a la Conselleria de Sanidad a estudiar si procede exigir responsabilidades individuales por la forma en que se gestionaron unos expedientes cuya tramitación considera claramente deficiente.

Imagen: Las actuaciones tuvieron su origen en las alertas formuladas por cuatro enfermeras del SAMU.

Notas de Prensa