El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) han remitido un escrito a la Delegada Comunidad Valenciana de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, Ana Isabel Cava Ros, y a los colegios de Trabajo Social de Alicante, Castellon y Valencia, en el que se les transmite la preocupación causada por el análisis realizado del Procedimiento de Gestión Social en el Ámbito Sanitario del COVID-19: Atención e intervención social ante el COVID-19 en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad Valenciana, confeccionado por la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana.

    En primer lugar, dicho documento destaca que entre sus objetivos se incluye “Conocer y atender las necesidades básicas, instrumentales y psicosociales relacionadas con la situación de aislamiento domiciliario” (página 3). En este sentido, desde el CECOVA y la AEESME reconocemos el rol fundamental de los profesionales del trabajo social en los equipos de atención comunitaria, pero la atención a estas necesidades no recae sobre ellos. Los trabajadores sociales carecen de competencias en esta área de actuación, por lo que se comprometería y se pondría en riesgo la obligada efectiva respuesta por parte del sistema sanitario en estas situaciones.

    Además, la propuesta contradice el modelo de gestión sanitaria en España y, en concreto, al modelo de organización de la actividad asistencial: el equipo, conformado por médico y enfermera de referencia debe articular todos aquellos recursos para la gestión integral, integrada, continua y efectiva del caso. La atención a las necesidades básicas y psicosociales, precisamente, recae en las enfermeras, por su aportación al cuidado desde una visión holística, biopsicosocial.

    De este objetivo, se deriva un apartado, “Atención y/o apoyo psicosocial desde trabajo social sanitario” (páginas 6 y 7). Para el CECOVA y la AEESME este punto resulta más inquietante todavía, ya que los trabajadores sociales se describen como responsables de reconocer el malestar emocional, de proporcionarle la primera atención y seguimiento. Esto no solo encaja como intrusismo profesional, sino que representa una imprudencia no considerar siquiera la derivación automática a profesionales de la salud. Creemos que los profesionales del trabajo social no disponen de la preparación adecuada para llevar a cabo el “Afrontamiento de sentimientos que le produce la situación de aislamiento” si van ligados a la presencia del malestar emocional. De forma adicional, este apartado entra en contradicción con las Recomendaciones del Consejo General de Trabajo Social: Los y las Trabajadores sociales ante la situación del COVID-19. En este documento, se describe que los trabajadores sociales deben derivar, coordinarse con y facilitar el apoyo a recursos.

    Por otra parte, dentro del apartado 4, “Perfiles de riesgo social para derivación urgente a trabajo social sanitario” (página 4), se incluye a personas con problemas de salud mental y con problemas de adicción. Estas personas, seguidas por los servicios de Salud Mental, no es necesario que sean derivadas con urgencia a trabajadores sociales. Si hiciera falta su intervención, serían los profesionales de salud mental quienes la solicitarían.

    El citado documento propone también un Cuestionario de cribado social (páginas 5 y 9), que puede ser administrado por diferentes profesionales que realicen atención sanitaria. Adicionalmente, se plantea que la gestión de casos en que no sea posible el aislamiento domiciliario o que requiera apoyos externos será realizada por el trabajadora social sanitario. Algo en lo que también se discrepa desde el CECOVA y la AEESME, ya que lo más operativo sería que la gestión del caso la realizase el  profesional que detectase el caso y solamente fuese derivado a otro profesional en situación de necesidad.