En el caso del expediente a dos enfermeras del Hospital Clínico de Valencia.

    El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) quiere manifestar ante las declaraciones de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, y de altos responsables del Hospital Clínico de Valencia sobre el expediente abierto a dos profesionales de Enfermería de ese centro por negarse a preparar una medicación al no contar con las adecuadas medidas de seguridad que las citadas declaraciones parecen sugerir una responsabilidad de las enfermeras por denegación de auxilio en pacientes, prejuzgando el caso e induciendo de modo intolerable al instructor a adoptar una determinada decisión. Hay que recordar que en ningún caso se ha verificado si existe un incumplimiento del protocolo y, como todo parece apuntar, no se daban las condiciones de urgencia que obligan al profesional a preparar el producto farmacéutico.

    Resulta intolerable y discriminatorio tanto que una mujer deba declarar su condición de embarazo como el hecho de que se desconozca tal circunstancia. Asimismo queremos considerar la declaración de un embarazo como un elemento relevante que constituye una manifestación habitual de la discriminación que sufre la mujer trabajadora.

    Hay que tener en cuenta que las medidas de prevención en relación con productos que puedan afectar a una mujer embarazada deben aplicarse respecto de cualquier trabajadora en edad fértil, ya que el conocimiento del embarazo se produce pasado un tiempo desde el momento de la fecundación, por lo que cualquier mujer puede verse inmersa en esta situación.

    Ante la posibilidad de que tanto la apertura del expediente como las declaraciones de altos cargos de la Conselleria de Sanidad pudieran constituir una actuación destinada a presionar a los profesionales, con el razonable miedo a un expediente y a las consecuencias derivadas de la legítima defensa de sus derechos, la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana procederá de modo inmediato a estudiar las posibles acciones legales que pudieran corresponder.

    La situación relacionada con la gestión de los medicamentos peligrosos debía haber sido objeto de un adecuado análisis científico en el que nuestra Conselleria debía haber tenido en cuenta los estudios y prácticas norteamericanas y de otros países desde hace al menos 10 años. Sin embargo, se ha convertido en la redacción de un protocolo inaplicable, sin un análisis de riesgos previo y cuya única intención parece ser ofrecer una base jurídica para que las cosas sigan como están y los profesionales asuman el riesgo de enfermar.

    Los responsables de la Conselleria deberían reflexionar y plantearse un cambio de estrategia pasando del miedo y la imposición al diálogo, la protección del trabajador y el desarrollo de medidas que garanticen un trabajo seguro y de calidad en la sanidad pública.

    Si esto se produce encontrarán tanto en los colegios de Enfermería como en los profesionales a unos aliados y colaboradores en el mutuo reto de mejorar una sanidad pública de calidad y al servicio de la ciudadanía con la vocación y entrega que caracteriza a nuestras enfermeras.