Lunes, 27 de Septiembre de 2021

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05/08/2021 - El CECOVA apoya a la Mesa de la Profesión Enfermera y considera una agresión sin precedentes hacia enfermeras y pacientes la decisión del Gobierno catalán de que personal no cualificado vacune contra el Covid

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La Dirección General de Profesionales de la Salud de la Generalitat de Cataluña ha enviado una nota informativa en la que proponen que personal no cualificado pueda administrar vacunas en la comunidad.

    El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) se suma y apoya el comunicado difundido por la Mesa de la Profesión Enfermera (compuesta por el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE) en el que se denuncia la peligrosa medida que quiere llevar a cabo la Generalitat de Cataluña, contando con personal no cualificado para administrar la vacuna contra el COVID-19.

    Una medida propuesta por la Dirección General de Profesionales de la Salud que, tal y como indica la Mesa de la Profesión Enfermera, supone una agresión sin precedentes a la profesión de Enfermería y es contraria a la legislación vigente. Para la Mesa de la Profesión Enfermera, además de atentar contra las competencias de las 325.000 enfermeras y enfermeros de toda España y poner en riesgo la óptima aplicación de las vacunas, supone un riesgo innecesario no solo para la seguridad de los futuros vacunados, sino también para la de los propios trabajadores no cualificados, a quienes se podría estar induciendo a cometer un presunto delito de intrusismo.

    La Mesa advierte que, si bien la prioridad absoluta es garantizar la seguridad del paciente, no se puede olvidar que el incumplimiento de la norma a sabiendas, como es el caso, podría suponer un presunto delito de prevaricación en algo tan sensible como es la salud de las personas.

    Este firme rechazo al que se une el CECOVA viene motivado por el envío de una nota informativa por parte de la directora general de Profesionales de la Salud de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Gea, en la que expresa que la vacunación es en estos momentos el único método para paliar la pandemia y para ello pretende recurrir a personal no cualificado, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y también la integridad de los profesionales.

    La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda también a las enfermeras y enfermeros de Cataluña que la administración de la vacuna COVID-19 es un acto profesional no delegable como así lo acredita numerosa jurisprudencia al respecto y también pide que no accedan a delegación alguna en personal no cualificado, puesto que podrían estar siendo cómplices de un presunto delito de intrusismo. Es necesario recordar también que esta medida no le excusa de la responsabilidad civil y profesional que el acto de vacunación conlleva, aunque lo haya realizado otro personal no cualificado, tal y como manifiesta la Mesa.

    El CECOVA apoya lo expresado por la Mesa de la Profesión Enfermera al considerar totalmente incomprensible esta medida sin antes hacer un llamamiento a la contratación de enfermeras, tal y como debería ser. “España tiene muchísimos enfermeros y enfermeras formados y lo que debería hacer la Generalitat es contratar a aquellos que sean necesarios para ello. Además, hay que recordar que el acto de la vacunación no es solo el mero hecho de administrar la vacuna al paciente, sino que también requiere de unos conocimientos exhaustivos tanto para la preparación como para la administración, así como la vigilancia, seguimiento y atención inmediata ante cualquier efecto adverso provocado por la vacuna. Las enfermeras son las encargadas de realizar el acto profesional preciso, tienen unos conocimientos exhaustivos de la anatomía humana para evitar cualquier tipo de problemas y asegurarse de una correcta administración. Sin duda, lo que se necesitan son más enfermeras en la campaña de vacunación. Por lo tanto, deben proceder a la contratación inmediata de las mismas como están haciendo en otras comunidades autónomas”, subrayan la Mesa de la Profesión.

    El CECOVA se suma también a la petición de anulación inmediata de la instrucción, confiando que la misma haya sido fruto de atender más a cuestiones políticas y económicas que a proteger la seguridad del paciente y la calidad asistencial a la que está obligada Cataluña como garante de la salud de más de ocho millones de habitantes.

Notas de Prensa